El Concejo Municipal de Somerville aprobó en definitiva el jueves 12 de noviembre una ordenanza de compras e inversiones éticas que restringe los contratos de la ciudad con empresas vinculadas a violaciones del derecho internacional humanitario, y las inversiones municipales en ellas, una medida que nació de la pregunta electoral que los votantes de Somerville aprobaron en noviembre de 2025. La votación registrada en el sitio Legistar del Concejo fue de 10 a 1. La concejala general Kristen Strezo votó en contra. Los 11 concejales respondieron al pase de lista.
La misma reunión produjo votos unánimes sobre la clasificación de impuestos del año fiscal 2027, un contrato de cinco años para el recojo de basura y reciclaje con un costo base de $31.4 millones, y una reforma a la ordenanza de alquileres de corto plazo, además del dinero para abrir el centro de calor de este invierno. El acuerdo fiscal de 20 años propuesto para 318 apartamentos en el Bloque 9 de Assembly Square, el punto que encabezó el adelanto de esta reunión, fue remitido a comité sin voto de fondo.
Este informe se basa en las acciones y los votos nominales que la oficina del secretario municipal publicó en Legistar para cada punto de la agenda, en los textos de ordenanza y memorandos adjuntos a esos puntos, y en los informes de comité que el Concejo aceptó. El acta sigue marcada como borrador y no se ha publicado ningún documento de acta, por lo que lo dicho por los concejales durante la reunión no forma parte de este relato.
Qué dice la ordenanza de compras
La medida, el punto 26-1023, añade al código municipal una Sección 2-376 titulada “Compras e inversiones éticas”. La presentaron en junio los concejales Jon Link, Wilfred Mbah, Ben Wheeler y Ben Ewen-Campen. Su preámbulo cita la elección municipal del 4 de noviembre de 2025, en la que, según dice, el 55 por ciento de los votantes dijo sí a la Pregunta 3, y una resolución que el Concejo aprobó el 25 de noviembre de 2025 en la que prometió trabajar por una ordenanza “dentro de un año” que cumpliera ese voto “de una manera practicable y legalmente viable”. El voto del jueves llegó 13 días antes de cumplirse ese año.
Según el texto adjunto al punto, la ciudad no puede adquirir, contratar ni retener mano de obra, servicios o bienes de una entidad que en cualquiera de sus tres años fiscales más recientes haya dado apoyo material a contratos, servicios u operaciones que permitan directamente, o se usen para, violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario, o conductas que el derecho internacional reconoce como apartheid, genocidio u ocupación militar ilegal, o que haya obtenido ingresos de ellos. El texto añade las palabras “incluida, sin limitación, la conducta que ocurre en Israel y Palestina”. Una cláusula paralela prohíbe a la ciudad comprar acciones o bonos de esas empresas con las inversiones que controla directamente, “siempre que haya alternativas con perspectivas financieras equivalentes o mejores”.
Para decidir si una empresa está cubierta, la ciudad debe considerar las conclusiones de organismos internacionales, y la ordenanza enumera seis fuentes: la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las comisiones de investigación creadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la base de datos de empresas que esa oficina mantiene bajo dos resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, y la lista de desinversión del proyecto Investigate del American Friends Service Committee.
El texto tiene excepciones. El director de finanzas o su designado puede permitir una compra a una empresa cubierta si determina a la vez que es esencial para el funcionamiento de la ciudad, incluso para evitar una carga financiera significativa, y que aplicar la restricción eliminaría la única oferta o dejaría una competencia inadecuada. El director de finanzas también puede permitir una inversión que considere esencial para la buena operación financiera de la ciudad. Los propietarios únicos, personas que hacen negocios a su propio nombre sin corporación ni sociedad, quedan exentos. Todo otro postor a un contrato municipal tendría que certificar que no cumple los criterios. El documento adjunto es una versión con cambios marcados, y muestra que se eliminó el requisito de un borrador anterior de que el alcalde redactara una política aparte de compras éticas, y que la certificación de los postores pasó de opcional a obligatoria.
El Comité de Asuntos Legislativos recomendó la ordenanza el 27 de octubre por 4 votos a 1, con los concejales Lance Davis, Mbah, Ewen-Campen y J.T. Scott a favor y Strezo en contra, según el informe de comité que el Concejo aceptó el jueves. La abogada municipal y la jefa de compras asistieron a esa reunión de comité. El jueves votaron a favor Ewen-Campen, Link, Scott, Jesse Clingan, Naima Sait, Wheeler, Emily Hardt, Matthew McLaughlin, Mbah y Davis. Un comentario escrito del público sobre el punto fue archivado. El formulario de la ordenanza tiene líneas de firma para el presidente del Concejo y el alcalde.
Clasificación de impuestos: 11 a 0
El Concejo votó 11 a 0 adoptar el factor residencial mínimo para el año fiscal 2027 y aceptar la exención residencial del 35 por ciento para viviendas ocupadas por sus dueños, la combinación que recomendó el tasador jefe. La presentación del tasador, publicada antes de la reunión, calculó el valor gravable total de la ciudad en $25.8 mil millones y el factor residencial mínimo en 84.15, lo que traslada a la propiedad comercial tanta carga como permite la ley estatal. Con ambas piezas, la presentación estimó una tasa residencial de $11.58 por cada $1,000 de valor y una tasa comercial de $19.77.
Las mismas diapositivas sitúan la factura promedio de una casa unifamiliar en $9,064, un aumento de $597, la de un condominio en $4,262, un aumento de $320, y la de una casa de dos familias en $9,212, un aumento de $673. La exención vale $4,856 para un dueño que vive en su casa, según la presentación, y llega a 9,108 propiedades. El Concejo también aprobó el pedido del alcalde de aplicar $2,383,850 de los ingresos de parquímetros a reducir la tasa de impuestos.
Cinco años más con Boston Carting
Con otro voto de 11 a 0 el Concejo aprobó un contrato de 60 meses con Boston Carting Services LLC, la empresa que hoy recoge la basura, el reciclaje y los desechos de jardín de la ciudad. Un memorando del comisionado de Obras Públicas, Eric Weisman, fechado el 22 de octubre, dice que el contrato va del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2031. La tarifa base se mantiene en el nivel de 2026, $5,981,363.63 al año, durante 2027 y 2028, y luego sube 4 por ciento al año hasta $6,728,220.63 en 2031. El total base de cinco años es de $31,381,008.99.
El memorando de Weisman calcula el valor total del contrato en $34 millones, cifra que según dice refleja aumentos proyectados de forma conservadora en el precio del combustible y aumentos del salario prevaleciente esperados tras el próximo contrato sindical de Boston Carting, previsto para el 1 de julio de 2028. El memorando dice que la ciudad se reunió con Waste Management, Casella, Republic y Boston Carting al preparar el contrato, y que el nuevo alcance de trabajo pone por escrito servicios que hoy se prestan por acuerdo verbal, como el recojo diario de reciclaje en algunas escuelas, endurece las reglas de seguridad de las rutas en zonas escolares a la hora de entrada y salida, y añade penalidades por servicio tardío, infracciones de tránsito y violaciones de la ordenanza de ruido. El Comité de Finanzas lo recomendó 5 a 0 el 28 de octubre.
Alquileres de corto plazo: una declaración de impuestos para probar que usted vive allí
El Concejo aprobó en definitiva, 11 a 0, una reforma a la ordenanza de alquileres de corto plazo presentada por los concejales Ewen-Campen, Hardt y Link. Según se lee en la versión con cambios adjunta al punto, se reemplaza la forma anterior de probar la residencia principal, que era una escritura o un contrato de alquiler, una licencia de conducir o identificación estatal y un documento más. El operador tendría que presentar una copia de su declaración de impuestos de Massachusetts del último año fiscal que muestre nombre, dirección y firma, con las cifras de ingresos y los números de Seguro Social tachados, más una factura de servicios, cable o teléfono fechada dentro de los últimos 60 días o un registro de vehículo vigente al 1 de enero de ese año.
La versión con cambios también exige que los operadores presenten una nueva prueba de residencia principal con cada solicitud de renovación. Los certificados vencen cada 31 de marzo, y la tarifa impresa en la ordenanza es de $250. Asuntos Legislativos recomendó la medida con enmiendas el 27 de octubre por 5 votos a 0.
Aprobado el dinero del centro de calor
El Concejo aprobó cada pieza de la parte municipal del centro de calor del año fiscal 2027: $155,768 de free cash, $92,795 del fondo de estabilización de respuesta a emergencias, $69,192 reasignados y transferidos del fondo de estabilización para pequeños negocios por COVID-19, y $1,939 del fondo de estabilización por COVID-19. Los cuatro votos sobre fondos de estabilización se registraron como 10 a 0, con Strezo anotada como ausente en ellos. En un punto suplementario el Concejo también aceptó la subvención estatal de $410,037 de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables que cubre la mayor parte del programa. La hoja de presupuesto de la ciudad, descrita en el adelanto, calculó el programa de 16 semanas en $729,732.
Enviado a comité
El acuerdo del Bloque 9, el punto 26-1611, fue remitido para recomendación. También lo fue el pedido del alcalde de derogar la Sección 5-45 del código, el panel médico de tres miembros para policías y bomberos lesionados. El nombramiento de Lydia Warren como directora de artes y cultura fue remitido igualmente, junto con los pedidos de la Ley de Preservación Comunitaria, entre ellos $1 millón para terminar el patio de la Escuela Kennedy, $230,171 para la Elizabeth Peabody House en 277 Broadway, $109,000 para un estudio exterior de la Armería de Somerville y $38,000 para el Cementerio de Veteranos, y seis subvenciones, la mayor una subvención federal de $500,000 para la primera fase de la Plaza de Union Square.
De las reformas de zonificación pendientes de sesiones anteriores, tres quedaron sobre la mesa, entre ellas las correcciones a los máximos de estacionamiento y las reglas de entradas principales, y la reforma que elimina requisitos de elevación de la planta baja fue remitida. La reforma que alinea las reglas municipales de unidades de vivienda accesorias con la ley estatal, sobre la cual escribieron 25 residentes, también quedó registrada como remitida para recomendación, y una propuesta de zonificación aparte, el punto 26-1373, fue retirada.
Órdenes de los concejales
El Concejo aprobó una resolución que autoriza a Secured Environments Pest and Wildlife Services a usar rifles de aire para el control de roedores en el Distrito 7, un paso que exige el código. Aprobó la resolución que pide al director de finanzas empezar a recopilar datos sobre los productos que compra la ciudad y que se comercializan como inteligencia artificial. La resolución de Calles de Emergencia de Ewen-Campen y Link, un marco que activaría medidas temporales de seguridad tras un choque fatal, fue aprobada con una enmienda que suma al director de manejo de emergencias al director de movilidad como los funcionarios a quienes se pide trabajar en ella.
Una orden de Sait y McLaughlin que pide una lista de todas las quejas sobre Servicios de Inspección desde enero fue enmendada para incluir al director de salud y servicios humanos y enviada a discusión. Lo mismo ocurrió con una orden que pide contar los edificios de un piso en zonas de altura media y las viviendas que se ganarían si se reconstruyeran con seis pisos. Se aprobaron resoluciones sobre arte en rotondas y reductores de velocidad y sobre el derecho de paso en cruces de bicicletas a mitad de cuadra. El caucus anual se trasladó al 10 de diciembre.
También el jueves
El Concejo aprobó $100,000 del fondo Encore de apoyo a artistas y cultura para subvenciones del Consejo Cultural Local, 11 a 0; una transferencia de $545,649 entre cuentas de salarios para corregir lo que el pedido llamó un error de asignación en el presupuesto del año fiscal 2027; $72,824.03 para que el Departamento de Elecciones pague dos elecciones especiales; $140,831 para reparación de calles; y $46,270 para actualizar el plan de mitigación de riesgos. Tres peticiones de Eversource para conductos, en Moreland Street, Clark Street y Prospect Avenue, fueron aprobadas tras audiencias públicas.
Se aprobaron licencias de eventos públicos para el encendido del árbol de Navidad de la ciudad el 3 de diciembre de 4 a 8 p.m., la carrera Frosty 5K del Soft Pace Run Club la mañana del 5 de diciembre, el Union Square Jingle el 6 de diciembre y el encendido de la menorá de Janucá el 7 de diciembre de 4 a 8 p.m. AMC Assembly Row 12 recibió una licencia para cuatro máquinas de juegos, y se renovó la licencia de casa de hospedaje de Tufts University para 98 Professors Row.
Qué sigue
El texto de la ordenanza de compras no fija una fecha de vigencia propia. El acuerdo fiscal del Bloque 9 necesita una recomendación de comité y, según el memorando de la ciudad, una audiencia pública antes de que el Concejo pueda votar. La próxima reunión ordinaria del Concejo figura para el 24 de noviembre. La agenda con el número de cada punto está en Legistar.



