El Concejo Municipal de Beverly votó 5-3 la noche del lunes 9 de noviembre pedir al alcalde Michael P. Cahill que recaude y asigne $20,000 para el Comité de Derechos Humanos de la ciudad, integrado por voluntarios, después de que un intento de pedir en su lugar el regreso del director de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia fracasara con un empate 4-4. El Concejo también dio una primera votación unánime a una moratoria a los centros de datos que regiría hasta el 30 de noviembre de 2027.
Ocho de los nueve concejales estuvieron presentes en la biblioteca de la Escuela Intermedia de Beverly. El concejal general Keith A. Sonia estuvo ausente. Este relato se basa en la grabación de BevCam, que no tiene subtítulos, y en el paquete del Concejo; las actas aún no se han publicado.
Orden 213: qué se votó
La Orden 213 fue presentada en septiembre por el concejal del Distrito 4, Scott D. Houseman, y salió del Comité de Finanzas y Propiedad remitida al pleno para discusión. Es una solicitud, no una asignación. Como explicó la oficina legal de la ciudad, solo el alcalde puede presentar una asignación suplementaria, y debe celebrarse una audiencia pública antes de que el Concejo pueda votar el dinero. Houseman describió la acción del lunes como un voto que expresa “el sentir del Concejo” y que “no obliga al alcalde”.
El antecedente es el presupuesto aprobado en junio. Esa noche, por 5-4, el Concejo eliminó del presupuesto del año fiscal 2027 el puesto de director de DEIB. El concejal del Distrito 6 y vicepresidente del Concejo, Matthew J. St. Hilaire, recordó el lunes que él propuso 12 enmiendas para recortar $2.7 millones en gastos y que el recorte del puesto DEIB “fue la única que pasó”.
Houseman dijo que el alcalde, que no pudo asistir, lo autorizó a comunicar que, si el Concejo aprobaba la Orden 213 tal como está escrita, el alcalde “se compromete” a presentar una orden para recaudar y asignar los $20,000 completos. También explicó el calendario. Se proyecta fijar la tasa de impuestos el 7 de diciembre, y una asignación suplementaria dentro del presupuesto tiene que tener audiencia y votación antes de esa fecha. Cuando la concejala del Distrito 2, Danielle M. Spang, preguntó por qué había que votar esa noche, Houseman reconoció que el dinero podría conseguirse más adelante, pero saldría entonces del efectivo libre.
La enmienda: devolver el puesto
Houseman contó que en el comité había surgido otra idea, y el concejal general John J. Mullady la presentó: enmendar la orden para pedir al alcalde que financie el puesto con la cantidad prevista originalmente en el presupuesto de 2027, cifra que ambos situaron en unos $62,120. La enmienda fue secundada.
Mullady, que es maestro de historia, dijo que la votación de junio “mostró lo cerca que estábamos” y que los concejales han tenido tiempo de escuchar a los residentes. Sostuvo que la diferencia entre las dos solicitudes es de unos $40,000, “más o menos un Subaru Crosstrek”, frente a un déficit que se mide en millones. También cuestionó dejar el trabajo en manos de voluntarios. “¿Estamos poniendo una responsabilidad sobre un grupo de voluntarios civiles cuando nosotros mismos no la asumimos?”, preguntó, y lo comparó con los distritos escolares que antes proveían los útiles de clase y luego dejaron esa carga a las asociaciones de padres.
St. Hilaire dijo que su postura no ha cambiado. “Tenemos otra vez un déficit presupuestario. Estamos por comenzar la proyección financiera”, dijo. Afirmó que se gastó más de $1 millón en trabajo de diversidad entre las escuelas y la ciudad “sin resultados tangibles que mostrar”, y cerró un intercambio con: “No tenemos el dinero”. También preguntó qué están haciendo sobre el tema el alcalde, el jefe de gabinete, el director de recursos humanos y el director de servicios a los constituyentes, y dijo que le gustaría escuchar a la administración.
La concejala del Distrito 5, Kathleen M. Feldman, que preside Finanzas y Propiedad, dijo que su voto de junio reflejó frustración con la forma en que estaba estructurado el puesto y no con el trabajo. Dijo que quisiera verlo regresar en el próximo ciclo presupuestario “bajo Recursos Humanos y en otra forma”, y que no se sentía cómoda restaurándolo tal como era en un plazo tan corto. El concejal del Distrito 3, Steven M. Crowley, dijo estar de acuerdo con Feldman y St. Hilaire y que no podía apoyar la cantidad completa, “pero posiblemente la menor de las dos”.
La presidenta del Concejo, Julie R. Flowers, cedió el mazo a St. Hilaire para poder hablar a favor de la enmienda. Dijo que el recorte de junio fue menos de la mitad del 1 por ciento del presupuesto y que por eso hizo poco por las finanzas de la ciudad, pero que después varios residentes le dijeron que los hizo “preguntarse qué tan seguros están viviendo en Beverly”. Con una diferencia tan pequeña entre las dos solicitudes, dijo, “este no es un argumento financiero”.
La enmienda fracasó en una votación a viva voz que la presidencia anunció como 4-4. No se llamó a los miembros por nombre.
Se aprueba la solicitud de $20,000
Houseman defendió la orden original como otra manera de hacer el trabajo. Citó un déficit proyectado de $1,560,000 para el próximo año fiscal, dijo que espera recortes de personal y advirtió que un puesto restaurado podría estar “otra vez aquí dentro de un año”. Financiar al comité, dijo, es “un proyecto piloto” sin salario, seguro médico ni pensión, dirigido a actividades comunitarias y no al personal de la ciudad.
El presidente del Comité de Derechos Humanos, invitado al podio, dijo a los concejales que hay partes de la ciudad que “no se hablan entre sí”. Dijo que el comité quiere apoyar actividades con organizaciones que ya hacen ese trabajo, mencionó el izamiento de la bandera del Orgullo, el desayuno de Martin Luther King Jr. y un acto de Juneteenth, y señaló que el dinero podría ayudar a llegar a residentes sin acceso a internet, transporte o cuidado infantil. Dijo que aún revisa las reglas de gasto con la oficina legal de la ciudad, que indicó que todo gasto estaría sujeto a la ley estatal de compras públicas y pasaría por la revisión financiera normal de la ciudad.
St. Hilaire insistió en la cuestión del control: dijo que el dinero quedaría en el presupuesto del alcalde y que sería el alcalde quien lo dirigiría. Houseman respondió que las ideas nacerían en el comité y que el alcalde diría sí o no. Mullady dijo que no apoyaría la orden tal como está escrita porque “deberíamos estar haciendo más”. La Orden 213 fue aprobada a viva voz por un resultado anunciado de 5-3.
Moratoria de centros de datos: 8-0 en primera lectura
El Concejo abrió a las 7:30 p.m. su audiencia pública sobre la Orden 250, que añadiría una sección a la ordenanza de zonificación para impedir que la ciudad acepte, tramite o apruebe cualquier solicitud de centro de datos hasta el 30 de noviembre de 2027. La directora de Planificación, Darlene Wynne, dijo que la pausa da tiempo a la ciudad para estudiar la demanda de agua y electricidad y decidir si permite ese uso, dónde y a qué escala. Dijo que tomó como modelo las moratorias de Stoneham y Lowell, que Salem prohibió los centros de datos y que se espera una guía estatal a fin de año. Se leyó para el acta la recomendación de la Junta de Planificación, 7-0 a favor.
Houseman mencionó la experiencia de Salem con una propuesta que habría ocupado solo parte de un edificio y preguntó si la definición de Beverly cubre ese caso; Wynne dijo que el texto podría ajustarse. Spang preguntó si un año es suficiente, y Wynne respondió que es posible una prórroga. Hablaron dos residentes, uno a favor y otro que sugirió tratar cualquier centro de datos futuro como un servicio público. El Comité de Asuntos Legales recomendó la aprobación 3-0 y el pleno aprobó la orden 8-0 en su primera votación. La segunda votación y la aprobación final están previstas para el 23 de noviembre.
También el lunes
El Concejo adoptó, 8-0, una resolución en honor del director de Finanzas y tesorero Bryant Ayles, que deja el servicio municipal. Fijó para el 23 de noviembre a las 7:50 p.m. una audiencia pública sobre $107,614 de la Ley de Preservación Comunitaria para el diseño y los permisos del malecón de Lynch Park. Aceptó cuatro subvenciones, entre ellas $100,000 del estado para un centro de materiales difíciles de reciclar y $9,022.43 en subvenciones de educación sobre seguridad contra incendios.
Todo por 8-0, el Concejo dio primeras votaciones a espacios de estacionamiento para personas con discapacidad en 21 Pond Street y en las calles Charnock y Cabot, aprobó una licencia de concesionario Clase 2 para el programa automotriz de Landmark School y una licencia de taxi, renovó un grupo de licencias de concesionarios de vehículos y concedió una petición de National Grid para obras en las calles Bow, Wallis, Cabot y Abbot con condiciones que incluyen repavimentar de acera a acera. Las audiencias sobre peticiones de conductos subterráneos de fibra quedaron fijadas para el 7 de diciembre desde las 7:30 p.m. Sobre la Orden 301, el concejal del Distrito 1, Todd C. Rotondo, dijo que la licencia de casa de empeño de Cash Point está en regla y que se invitará al negocio a una reunión futura.
En el comentario público, un residente del Distrito 3 pidió una moratoria a la tecnología de vigilancia y una ordenanza que exija la aprobación del Concejo para usarla, y dijo que ese día los residentes recibieron un correo de la oficina del alcalde según el cual la ciudad dejará vencer su contrato de cámaras lectoras de placas Flock. La ciudad no ha publicado ese correo y no pudo confirmarse para este informe.
Qué sigue
El alcalde debe presentar la solicitud de $20,000 antes de que el Concejo pueda fijar una audiencia. El Comité de Proyección Financiera se reúne el 17 de noviembre, el 30 de noviembre y el 10 de diciembre a las 6:30 p.m. en la sala comunitaria de la estación de policía. Las próximas reuniones ordinarias del Concejo son el 23 de noviembre y el 7 de diciembre.
La grabación está en el canal de BevCam. Nuestro avance de la agenda está aquí.
