El Concejo Municipal de Medford votó 7 a 0 la noche del martes 17 de noviembre mantener el mayor traslado de carga tributaria de las viviendas a los negocios que permite el estado. Según el tasador de la ciudad, eso dejará la tasa residencial del año fiscal 2027 en unos $8.59 por cada $1,000 de valor y la factura promedio de una casa unifamiliar en $7,746, $319 más que este año, un alza de 4.3 por ciento. La tasa para propiedades comerciales, industriales y bienes muebles se estima en $16.54.
La misma reunión de tres horas puso fin a un pulso de varias semanas por el presupuesto del Departamento Legal. El Concejo votó 4 a 3 recaudar los $269,295.81 que pidió la alcaldesa Breanna Lungo-Koehn, la última noche en que ese dinero podía sumarse al gravamen, después de casi una hora en la que los concejales acusaron a la administración de mala fe y nadie de la oficina de la alcaldesa acudió a responder. Luego votó 7 a 0 pedir a la alcaldesa que permita a la auditora estatal revisar el gasto legal de la ciudad.
El Concejo también aprobó, 7 a 0, una orden de préstamo de $23,605,562 para reemplazar el techo y convertir el sistema de calefacción de la Escuela Primaria Roberts.
La tasa de impuestos
El tasador Jared Yagjian dijo al Concejo que la casa unifamiliar promedio está valorada ahora en $901,747, un 4.78 por ciento más. Los condominios promedian $628,928, un 2.95 por ciento más; las casas de dos familias, $1,080,704, un 6.07 por ciento más; las de tres familias, $1,266,087, un 7.11 por ciento más. El valor industrial promedio cayó 18.45 por ciento, lo que Yagjian atribuyó a la pérdida de la planta de Budweiser en Riverside Avenue y a otra propiedad industrial que se está convirtiendo en apartamentos.
El gravamen es de $167,255,992 sobre $17,700 millones de valor imponible, el 89 por ciento residencial. El crecimiento nuevo se certificó en $206.6 millones de valor, equivalentes a $2,378,770 de gravamen nuevo. Una tasa única para toda la propiedad sería de $9.45. Con el traslado de 175 por ciento que adoptó el Concejo, al elegir un factor residencial de 0.908635, los negocios cargan con cerca del 19 por ciento del gravamen. Las tasas son estimaciones hasta que las apruebe el Departamento de Ingresos del estado; las de este año son $8.63 y $16.68.
El Concejo votó 7 a 0 no adoptar la exención para pequeños comercios, que según Yagjian la ciudad nunca ha usado.
La exención residencial fracasa, 5 a 2
El debate más largo fue sobre la exención residencial, que reduce el valor imponible de las viviendas ocupadas por sus dueños y sube la tasa de todo lo demás en la clase residencial. Las láminas del tasador sitúan el punto de equilibrio en unos $1,090,000 con una exención de 35 por ciento, y la tasa residencial en $12.22 en lugar de $8.59.
La concejal Anna Callahan abogó por adoptarla ya. Según su conteo con los datos del tasador, unas 14,000 parcelas quedan por debajo del punto de equilibrio y unas 1,800 por encima. Dijo que los dueños que viven en una casa de dos familias y alquilan la otra unidad cobran los alquileres más bajos, que vale la pena encarecer un poco Medford para los inversionistas de fuera, y que muchas casas en fideicomiso seguirían calificando. “Este es ya el tercer año que estoy en la misma conversación”, dijo, en la que al Concejo se le dice que no puede votar que sí porque la preparación nunca se hizo.
Yagjian dijo que no está ni a favor ni en contra de la exención, pero que el calendario no funciona. Su oficina tendría que revisar escrituras y fideicomisos de entre 12,000 y 14,000 solicitudes, un trabajo que en abril estimó en 92 semanas, con el personal que tiene hoy. Si se adoptara este otoño, dijo, las exenciones se pagarían como rebajas con cargo a la cuenta de reserva y dejarían a la ciudad “en una situación bastante mala”. Dijo que Medford tiene apenas un puñado de edificios grandes de apartamentos para absorber el traslado, que unas 900 casas unifamiliares ocupadas por sus dueños verían subir su factura aun con la exención, y que a los inquilinos del complejo más grande de la ciudad se les podría trasladar parte de un aumento de unos $500,000. Con 657 apartamentos en construcción y dos proyectos más que se esperan para el próximo año, recomendó presupuestar primero el personal y adoptar la exención para el año fiscal 2031.
El concejal Matt Leming preguntó si un porcentaje menor sería más fácil. Yagjian dijo que el papeleo sería idéntico. El concejal Justin Tseng dijo que quiere esa política desde hace años y que espera que el desarrollo nuevo adelante la fecha.
La moción del concejal George Scarpelli de no adoptarla pasó 5 a 2. Callahan y Leming votaron en contra de la moción. “No se ha librado de esto”, dijo tras el voto el presidente del Concejo, Zac Bears.
A pedido de Bears, Yagjian enumeró tres opciones locales que la ciudad no ha adoptado, las cláusulas 17E, 17F y 41D, que atan a un ajuste anual por costo de vida los límites de bienes y los montos de exenciones existentes para adultos mayores y otros, y los límites de ingreso de la exención para adultos mayores de bajos ingresos. Bears le pidió enviarlas al Concejo.
Departamento Legal: 4 a 3 y un pedido a la auditora estatal
La solicitud de la alcaldesa restituye el presupuesto del Departamento Legal que ella propuso en junio: $127,803.44 en salarios y $141,492.37 en gastos. Su carta decía que el voto de clasificación de impuestos era la última oportunidad de recaudar ese dinero en el año fiscal 2027. El Concejo lo había pospuesto una semana antes.
Bears dijo que él, la vicepresidenta Emily Lazzaro y la concejal Liz Mullane se reunieron a principios de mes con la alcaldesa y su jefa de gabinete y acordaron que la administración buscaría una revisión independiente del gasto legal mientras el Concejo financiaba el departamento por etapas, y que el Concejo aprobó ese mismo día los fondos de noviembre. Dijo que la administración rechazó después ese arreglo y las alternativas que él envió, y que el martes varios jefes de departamento escribieron a los concejales preocupados por sus operaciones. Lo llamó “un juego de gallina” y pidió disculpas al personal municipal por verse “arrastrado” a él.
Lazzaro dijo que la alcaldesa le explicó por teléfono el martes que había sido difícil conseguir precios de firmas que pudieran hacer la revisión, y que más tarde escribió que el puesto de abogado de la ciudad, vacante desde hace un año, se publicaría a la mañana siguiente si se aprobaba el presupuesto. Mullane dijo que le sorprende que no se puedan producir sin más las cifras de lo que la ciudad le ha pagado a un proveedor. Callahan dijo que los concejales han sabido que las cuentas legales se pagaron de los presupuestos de bomberos, escuelas y otros departamentos y no solo de la partida legal, y que votaría que sí para que ningún departamento resulte perjudicado.
Tseng dijo que las preguntas del Concejo han establecido que la ciudad ha pagado a la firma externa KP Law unos $2.4 millones desde el año fiscal 2020 y más de $2.2 millones en acuerdos y sentencias, y que los cargos por prácticas laborales injustas contra la ciudad pasaron de 22 en la década anterior a 2020 a 74 en los cinco años siguientes. Dijo que sin el voto el dinero quedaría inmovilizado hasta que se certifique el efectivo libre y que el gravamen del próximo año sería menor.
Scarpelli, quien dijo haber planteado el tema hace cinco años, votó que no. Citó el relato del sindicato de bomberos sobre 21 arbitrajes en un departamento de unos 100 miembros y dijo que el Concejo todavía no ha recibido el desglose que pidió. Leming también votó que no, y dijo que la promesa de publicar un puesto que lleva un año vacante no es una concesión. Bears votó que no. “No creo que pueda dejar que alguien simplemente intimide”, dijo.
Votaron que sí Callahan, Mullane, Tseng y Lazzaro.
Antes de ese voto, el Concejo aprobó 7 a 0 la moción complementaria de Tseng. Pide a la alcaldesa sumarse al Concejo para solicitar una auditoría de la oficina de la auditora estatal, al amparo de una ley estatal que la permite cuando el concejo y el alcalde están de acuerdo. Tseng dijo que esa oficina haría el trabajo al costo, unos $10,000. “Si ella se niega, es su decisión, y le tocará a ella explicarla”, dijo.
El director de Medford Community Media, Kevin Harrington, dijo al Concejo que acudió porque no sabía si las negociaciones de la licencia de cable con Comcast y Verizon, que financian su estación, podrían continuar si el voto fracasaba.
Escuela Roberts: $23.6 millones, cerca de la mitad del estado
El proyecto de la Roberts reemplaza el techo y las calderas de gas de la escuela, inaugurada en 2003, por bombas de calor de aire diseñadas para funcionar hasta unos 5 grados Fahrenheit, con calderas eléctricas de respaldo. El gerente de proyecto del distrito dijo que la junta de la Autoridad de Construcción Escolar de Massachusetts aprobó el proyecto el 28 de octubre y reembolsará el 53.32 por ciento de los costos elegibles, unos $11.6 millones de un presupuesto de $23,847,692 que incluye $19 millones de construcción. Se estima un incentivo de Mass Save de poco menos de $600,000. La Autoridad no reembolsará $894,000 de un sistema solar propiedad de la ciudad, que se espera cubra entre el 15 y el 20 por ciento de la electricidad de la escuela; el distrito evalúa un arreglo con un tercero que eliminaría ese costo.
La obra está prevista para los veranos de 2027 y 2028, con el edificio ocupado todo el tiempo. El tamaño del proyecto obliga a hacer mejoras de accesibilidad. Bears dijo que la subvención significa que la ciudad paga unos $11.5 millones en lugar de $24 millones.
Otros votos
- Costos legales de la escuela secundaria. $75,000 del Fondo General de Estabilización, que tenía $5,900,523.56, pasaron 7 a 0. La presidenta del Comité de Construcción Escolar, Jenny Graham, escribió que el comité usará a KP Law para contratos de construcción y requisitos de agencias estatales antes de una votación en junio.
- Preservación comunitaria. $10,000 para una reparación de emergencia del techo de la Iglesia Unitaria Universalista de Medford, en el 147 de High Street, y $50,000 de contingencia para la iluminación del Condon Shell pasaron 7 a 0. La gerente de la Ley de Preservación Comunitaria, Theresa Dupont, dijo que las ofertas del Condon llegaron altas y que el Departamento de Recreación devolvió parte de una adjudicación anterior para la iluminación de Tufts Park, que está en pausa.
- Auto para educación vial. Un arrendamiento con opción de compra de hasta cinco años por un Hyundai Elantra Hybrid, pagado con la cuenta rotatoria de educación vial, pasó 7 a 0. Las escuelas tienen un auto con unas 60,000 millas y dos instructores.
- Tufts Park. La resolución de Leming que pide a los departamentos un solo plan maestro para el parque, donde se planifican por separado la renovación del área de juegos, la iluminación de la cancha, obras de drenaje y el futuro de la Escuela Curtis-Tufts, pasó al Comité de Obras Públicas e Instalaciones con un informe para febrero.
- Cementerio Oak Grove. Una segunda resolución de Leming pide a los fideicomisarios del cementerio publicar un borrador de plan maestro y recibir comentarios del público sobre una ampliación de siete acres en una parcela rodeada por el Brooks Estate. Tom Lincoln, expresidente del Medford-Brooks Estate Land Trust, dijo que el diseño preliminar usa una cuadrícula plana, un patio de mantenimiento con muros de contención y un segundo camino de acceso por terreno de conservación, en contra del compromiso de 1998 que reservó la parcela. La presidenta del Comité de Preservación Comunitaria, Roberta Cameron, dijo que no debe gastarse dinero antes de que exista un plan. El comisionado de Obras Públicas, Tim McGivern, dijo que lo hecho hasta ahora es un estudio de costo y viabilidad, que siguen reuniones públicas y que nadie está avanzando a toda prisa. La resolución se aprobó y pasó al mismo comité.
- Reunión del Distrito 2. Mullane y Scarpelli serán anfitriones de una reunión vecinal el 2 de diciembre a las 7 p.m. en la cafetería de la Escuela Roberts. La resolución dice martes; Mullane dijo miércoles, que es el día en que cae el 2 de diciembre.
En el turno del público, una residente de Hillside que vive en una vía privada desde 1989 dijo que el nuevo mapa municipal de vías privadas es inexacto y que la propiedad solo puede determinarse investigando la escritura de cada calle. Un residente de Cedar Road dijo que ni la ciudad ni su aseguradora supieron decirle quién responde si alguien se lesiona frente a su casa. Scarpelli dijo que el asunto irá a un subcomité.
La grabación está en el canal de YouTube de la ciudad.



